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Desde la transición a la democracia, España ha alcanzado unas tasas de escolarización prácticamente del 100%
desde los 3 años y ha desarrollado los instrumentos necesarios para garantizar unos niveles mínimos de
educación al cubrir las necesidades básicas de los estudiantes y asegurar, para el conjunto de los centros
docentes, unos niveles mínimos de calidad mediante el establecimiento de criterios de uniformidad. Debemos
pues considerar como un logro de las últimas décadas la universalización de la educación, así como la educación
inclusiva.
Las diferencias entre los alumnos y alumnas de un mismo centro y entre los distintos centros indican que
tenemos un sistema educativo más homogéneo que la media, lo que se traduce en un índice de equidad superior
a la media de la OCDE.
Sin embargo, el sistema actual no permite progresar hacia una mejora de la calidad educativa, como ponen en
evidencia los resultados obtenidos por los alumnos y alumnas en las pruebas de evaluación internacionales
como PISA (Programme for International Student Assessment), las elevadas tasas de abandono temprano de la
educación y la formación, y el reducido número de estudiantes que alcanza la excelencia. La objetividad de los
estudios comparativos internacionales, que reflejan como mínimo el estancamiento del sistema, llevan a la
conclusión de que es necesaria una reforma del sistema educativo que huya de los debates ideológicos que han
dificultado el avance en los últimos años. Es necesaria una reforma sensata, práctica, que permita desarrollar al
máximo el potencial de cada alumno o alumna.
Los resultados de 2011, difundidos por EUROSTAT (Statistical Office of the European Communities) en relación
con los indicadores educativos de la Estrategia Europa 2020, destacan con claridad el abandono educativo
temprano como una de las debilidades del sistema educativo español, al situar la tasa de abandono en el 26,5%
en 2011, con tendencia al descenso pero muy lejos del valor medio europeo actual (13,5%) y del objetivo del 10%
fijado para 2020.
Por otra parte, el Informe PISA 2009 arroja unos resultados para España que ponen de relieve el nivel
insuficiente obtenido en comprensión lectora, competencia matemática y competencia científica, muy alejado del
promedio de los países de la OCDE.
La Estrategia de la Unión Europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador ha establecido para el
horizonte 2020 cinco ambiciosos objetivos en materia de empleo, innovación, educación, integración social, así
como clima y energía y ha cuantificado los objetivos educativos que debe conseguir la Unión Europea para
mejorar los niveles de educación. En el año 2020, la Unión Europea deberá reducir el abandono escolar a menos
de un 10% y, como mínimo, al menos el 40% de la población de entre 30 y 34 años deberá haber finalizado sus
estudios de formación superior o equivalente.
De acuerdo con la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, aprobada en 2010 por la Comisión
Europea, esta mejora en los niveles de educación debe dirigirse también a las personas con discapacidad, a
quienes se les habrá de garantizar una educación y una formación inclusivas y de calidad en el marco de la
iniciativa «Juventud en movimiento», planteada por la propia Estrategia Europea para un crecimiento
inteligente. A tal fin, se tomará como marco orientador y de referencia necesaria la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por las Naciones Unidas en diciembre de 2006,
vigente y plenamente aplicable en España desde mayo de 2008.
